Temuco (Chile).- Considerada la más peligrosa de Chile, la carretera P-72, que serpentea en paralelo al Pacífico entre las regiones de la Araucanía y Bio Bio, supone en sí misma una radiografía completa del complejo conflicto entre el Estado, las comunidades mapuche y las grandes forestales que explotan bosques milenarios.
Apenas 90 kilómetros de curvas bien asfaltadas entre bosques primorosos, que solo entre 2020 y 2021 concentró 75 ataques vinculados a un conflicto poliédrico, articulado por decenas de aristas políticas, históricas, indigenistas, de identidad cultural y defensa del medio ambiente en el eje común de la economía ultraliberal.
Algunas se perciben con solo asomarse a la ventana de cualquier auto: la sobrexplotación del agua, la tala indiscriminada en árboles autóctonos, la reforestación interesada con especies foráneas y el pulso por la propiedad de la tierra entre colonos y pueblos originarios, que protegen sus predios con espinos, banderas y ojos invisibles entre la foresta.
Otros, como los sabotajes de maquinaria o el robo de madera, se intuyen en los árboles talados y tumbados en medio de la carretera, habitualmente en los pequeños valles donde los camiones avanzan más lentos.
Casi imposible es percibir siquiera otras aristas que comienzan a amenazar con convertirlo en una conflicto mayor: las supuestas plantaciones ilegales de marihuana, la privatización y militarización de la seguridad que se procuran las forestales, el flujo de armas y el empobrecimiento de una juventud sin horizontes.
«Si lo comparamos con otros, podemos decir que es un conflicto en estado embrionario. Muy básico, con un nivel de violencia bajo, sin grandes ataques, bombas indiscriminadas o armas de guerra, circunscrito a zonas rurales», explica a Efe un experto internacional en Seguridad.
«Pero es cierto que en los últimos años han comenzado a aparecer nuevas variantes, como la droga y la militarización que podrían elevarlo a otro nivel», agrega el experto, que prefiere no ser identificado y que señala «la mejora en el trabajo de inteligencia» como estrategia.
MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO
El incremento de los sabotajes, al alza desde 2021, el empuje de grupos de presión, como el gremio de camioneros, y las declaraciones incendiarias de líderes mapuches, llamando a las armas, obligaron el pasado 17 de mayo al nuevo Ejecutivo a incumplir una de sus promesas y decretar el estado de Emergencia.
Desde entonces, y según el Ministerio de Interior, las patrullas militares en las principales carreteras han reducido a la mitad los ataques.
Pero apenas ha servido para frenar el robo de madera o el tráfico de marihauna, o para detener a los autores de los sabotajes, en su mayoría grupos desgajados de las organizaciones tradicionales en lucha.
Según Corma, gremio que agrupa a empresas forestales, durante el primer semestre de 2022 se produjeron unos 25.000 robos de camiones de madera, un producto difícil de esconder y reintroducir en el mercado, ya que solo las grandes empresas tienen capacidad técnica para procesar troncos de gran tamaño.
ÁNGULO POLÍTICO
Corma, que cifró en 90 millones de dólares las pérdidas por robo en 2021, es, junto a la Multigremial en Temuco, una de las organizaciones que más presionan al Gobierno para que intensifique el despliegue y se militarice totalmente un conflicto en el que la polarización política es uno de los principales acelerantes.
«A diferencia de los anteriores, es “acotada”, lo que significa que las fuerzas armadas sólo pueden hacer controles en ciertas rutas principales. Esto permite que en rutas secundarias utilizadas para mover madera robada sigan ocurriendo atentados, cortes y ataques a personas y trabajadores», explica a Efe Fernando Illanes, gerente de Corma en Ñuble y Bio Bio.
«Hemos solicitado a las autoridades medidas efectivas para frenar esta crisis de violencia que vivimos hoy y que, con urgencia, aumente la cantidad de rutas que actualmente están bajo el resguardo miliar», insiste.
Una solución «cortoplacista e ineficaz» para las comunidades mapuches que promueven el diálogo, que se sienten igualmente afectadas por una violencia de la que reniegan y que insisten en que las nuevas leyes y la devolución de tierras es el método más efectivo para frenar una eventual escalda que nadie desea.
“El incremento de los hechos de violencia dan cuenta de la urgencia del diálogo», reitera a Efe el académico mapuche Salvador Millaleo, exasesor del Ministerio del Interior.
«Hay grandes sectores” del pueblo mapuche, ajenos a los hechos de violencia, que «están por lograr acuerdos, muchos de ellos representados en la Convención Constitucional» que escribe la nueva Constitución, insiste.
Antes de señalar que solo se necesita evitar la politización y apostar decididamente por ese diálogo «estructurado, claramente definido», para poder disfrutar con seguridad de la P-72 y las otras rutas que atraviesan una de las regiones más bellas de Chile.
