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domingo, septiembre 25, 2022
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    La periodista filipina Maria Ressa declarada culpable por ciberdifamación

    Manila.- La reconocida periodista filipina Maria Ressa fue este lunes declarada culpable en un dudoso caso de difamación cibernética y podría enfrentarse a una pena de entre seis meses y seis años de prisión.

    Ressa, nombrada persona del año por la revista Time en 2018, dirige desde 2012 el portal Rappler, medio que ha destapado varios escándalos que atañen al presidente Rodrigo Duterte y fue pionero en denunciar los abusos de su polémica guerra contra las drogas.

    La directora ha sido condenada junto al periodista Reynaldo Santos por un artículo que Rappler publicó en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario Wilfredo Keng, el demandante, con el tráfico de drogas.

    Los dos periodistas, que aún no entrarán en la cárcel porque el caso es recurrible, han sido condenados además a pagar una indemnización de 400.000 pesos (unos 7.950 dólares/7.000 euros) al empresario.

    Éste no es el único proceso judicial contra la laureada periodista, que tiene pendientes otros nueve casos relacionados con evasión de impuestos y con la violación de las leyes filipinas de propiedad de los medios, que no permiten el capital extranjero.

    SILENCIAR LA PRENSA LIBRE
    Ressa ha insistido en repetidas ocasiones en que todos los cargos contra ella son “fabricados” en un intento de silenciar la prensa libre y acallar a los críticos de Duterte, quien no ha ocultado su animadversión hacia Rappler, medio al que ha acusado de estar financiado por la CIA estadounidense, además de tratar de revocar su licencia y negar el acceso al palacio presidencial a sus reporteros.

    El caso de ciberdifamación se remota a febrero de 2019, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra Ressa y Reynaldo Santos, autor del reportaje, así como contra Rappler como corporación, al aceptar una demanda interpuesta por Keng en octubre de 2017, cinco años después de la publicación del artículo.

    Keng alegó que el reportaje es difamatorio porque se le vincula con el tráfico de drogas, aunque esa afirmación se basa en un informe de inteligencia que una fuente filtró a Santos, periodista de investigación que ya no trabaja en el medio.

    El reportaje se centraba en el entonces presidente del Tribunal Supremo, Renato Corona, que se encontraba en un juicio para su destitución tras conocerse que había recibido regalos y usado para desplazamientos por trabajo vehículos de lujo propiedad de grandes empresarios, como Keng.

    IRREGULARIDADES EN LA DEMANDA
    Además de cuestionar la base de la difamación, la defensa de Ressa y varios expertos legales han puesto el foco en otras irregularidades que presenta este caso, principalmente la prescripción del delito.

    El otro aspecto cuestionable es que la Ley de Delitos Cibernéticos en la que la acusación se apoya se aprobó en octubre de 2012, cinco meses después de la publicación del artículo, por lo que se está aplicando con carácter retroactivo, algo que no se puede hacer en el caso de ofensas criminales.

    En base a esto, la División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación desestimó el caso en febrero de 2018, pero el Departamento de Justicia lo reabrió sobre la base de la “republicación”, ya que en 2014 el medio actualizó el artículo para corregir un error tipográfico.

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