Managua.- La Policía Nacional expulsó a un grupo de opositores que intentaban reunirse en una ciudad del centro de Nicaragua, para organizar a la disidencia local, denunció la Unidad Nacional Azul y Blanco, crítica con el presidente Daniel Ortega.
Los opositores fueron expulsados de la ciudad de Juigalpa, ubicada a pocos kilómetros del municipio de Santo Tomás, donde esperaban reunirse, afirmó la dirigente de la Unidad Nacional, Ivania Álvarez, una de las afectadas, quien recordó que la acción violó las leyes de Nicaragua referidas a la libertad de movimientos, reunión, expresión y afiliación.
“La Policía Nacional, de forma muy violenta, nos ha expulsado de la ciudad de Juigalpa”, indicó el representante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Ariel Sotelo, quien además señaló que “nos han quitado las llaves del vehículo de forma intimidatoria, también nos quitaron nuestras pertenencias como celulares y cédulas de identidad”.
En la reunión participarían representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Coordinadora Universitaria y del Movimiento Campesino Anticanal, los que forman parte de la Coalición Nacional, el grupo opositor más amplio de Nicaragua.
“Nos fue impedida la pasada, nos retuvo la Policía en el empalme de Juigalpa, argumentando que no tenemos derecho de circular y que ya habíamos llegado demasiado lejos”, sostuvo Álvarez.
Tras conocerse el suceso, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), emitió una “alerta”, sobre lo que definió como una “ola” de acciones contra la oposición nicaragüense, ejecutadas “por la Policía Nacional, grupos paramilitares, y autoridades locales”.
“Esta ola de hostigamientos y amenazas se enmarca en las festividades religiosas y navideñas y el inicio de la campaña ‘Navidad sin personas presas políticas’, que abarca una serie de acciones colectivas, además de procesos de organización territorial de grupos opositores al Gobierno. Estos grupos han pretendido hacer reuniones en distintos departamentos, pero han sido restringidos y amenazados con cárcel”, destacó IM-Defensoras.
De manera simultánea, la Coalición Nacional confirmó la instauración de juntas directivas en 15 de las 17 jurisdicciones de Nicaragua, y sus dirigentes advirtieron del riesgo de que sean disueltas.
“Toda estrategia pasa por organizarnos y unirnos (…). Sacar a Ortega (del poder) es el primer desafío, pero el desafío de Nicaragua es construir una Nicaragua diferente, donde la política se construya en base de una ética y una moral que ha estado divorciada en el quehacer político de este país, por años”, dijo la líder de la Coalición Nacional, Violeta Granera.
Estos sucesos se dan en el contexto del año electoral para los comicios de 2021, y de la profunda crisis que vive Nicaragua desde 2018, cuando masivas protestas contra Ortega, en el poder desde 2007, fueron reducidas por ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100.000 personas en el exilio, en unos eventos calificados de intento de golpe de Estado por el Gobierno.
