Lima.- Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes del creciente clima de hostilidad contra los defensores de la tierra en Perú y pidió al Estado redoblar esfuerzos y recursos para protegerlos y evitar la impunidad de la violencia y vulneración de derechos humanos que enfrentan.
«Defender la tierra, territorio y medioambiente no puede seguir costando vidas en Perú», sostuvo en un comunicado la directora de AI Perú, Marina Navarro, con motivo del Día Internacional de la Tierra.
La organización denunció la inacción de las autoridades peruanas para proteger a los defensores ambientales, garantizar la titulación de sus tierra y frenar el avance de las actividades ilegales en sus territorios.
En ese sentido, AI señaló que, «al no encararse el crecimiento de actividades ilegales y sus delitos conexos», como la minería ilegal, la tala ilegal o el trafico de tierras, «el problema se agudiza», especialmente en las selváticas regiones de Ucayali, Amazonas, Junín, Huánuco, Pasco, Madre de Dios y Loreto.
«La situación de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, (…) sin medidas de protección gubernamentales efectivas, y en un clima de creciente hostilidad e impunidad, es inaceptable», resumió Navarro.
La organización aseguró que, a pesar de la existencia de instrumentos oficiales disponibles para atender las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los defensores, la impunidad persiste frente a la violencia.
Por eso, instó al Estado a «poner a disposición todos sus recursos institucionales y financieros para lograr una real protección de las personas defensoras en el país, evitando que se pierdan más vidas y llevando a la justicia a los responsables de estos crímenes».
«Un paso importante es el Acuerdo de Escazú, que no debe esperar más para ser ratificado por el Congreso», manifestó la directora de AI en Perú, tras mencionar que se trata del primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales.
En los últimos dos años, durante la pandemia de la covid-19, al menos 14 personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente han sido asesinadas en el país andino, que a fines de marzo pasado vivió una semana negra con el asesinato de tres líderes indígenas del pueblo asheninka de la región de Huánuco y el homicidio de un defensor ambiental de Madre de Dios.
El asesinato más reciente ocurrió esta semana en el céntrico departamento de Junín, donde fue hallado el cuerpo sin vida y con un disparo en la cabeza del gerente de Pueblos Originario Amazónicos de la Municipalidad de Pangoa, Ulises Rumiche.
El primer ministro, Aníbal Torres, condenó este jueves el crimen y reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Pedro Castillo de «investigar» lo ocurrido.
«La defensa que debemos proveer a nuestros líderes se hace en reconocimiento a su lucha incansable por el desarrollo sostenible e integral de nuestros pueblos y de nuestro país», aseguró Torres desde Junín.
A fin de atender esta problemática, el primer ministro informó que el Ejecutivo ha creado un mecanismo intersectorial que permitirá al Estado brindar una respuesta ante situaciones de alerta que puedan afectar la integridad de los defensores del medioambiente.
