Girona.- La Comisión Europea, a través de una integrante de su dirección general de Medio Ambiente, Caterina Savelli, ha advertido a España de que debe mejorar las tasas de reciclaje, mientras que las comunidades autónomas coinciden mayoritariamente en que la vía para conseguirlo es el sistema de recogida puerta a puerta.
La tercera y última jornada del congreso sobre gestión de residuos Waste in Progress, que se ha celebrado estos días en Girona, ha servido para reunir a las administraciones implicadas en ese objetivo de avanzar en la reducción de basura que acaba en un vertedero.
También ha estado presente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya subdirectora general de Economía Circular, Margarita Ruiz, ha explicado que la nueva legislación en este ámbito, que introduce la obligatoriedad de la recogida selectiva, ha servido para dar «un primer paso».
«Tardaremos algunos años en mejorar la tasa, pero hemos comenzado a hacer el cambio», ha manifestado Ruiz, quien ha subrayado que, gracias a los fondos Next Generation, se dispone ahora «de recursos para mejorar la gestión de los residuos municipales en España».
En 2019, el porcentaje de basura reciclada era de un 38 por ciento y La Rioja, Navarra, Cataluña y Valencia han sido señaladas como las comunidades autónomas que están más cerca de cumplir o ya lo han hecho el objetivo del 50 por ciento.
Caterina Savelli ha alertado de todos modos de que «España utiliza el vertedero más de lo que es recomendable», aunque ha mejorado en las fracciones de papel, cartón, plástico y vidrio desde 2016.
Sin embargo, está «lejos de los objetivos de obligado cumplimiento que había para 2020 y tiene un riesgo muy alto de no llegar a los que se marcan para 2025, aunque tiene margen para conseguirlo», según Savelli.
Sus consejos apuntan a mejorar la recogida selectiva, porque «hay muchos biorresiduos en la fracción de desecho y los sistemas de pago por generación no están muy implementados».
«Hay que disminuir los residuos mediante diferentes medidas como aumentar la concienciación, evitar que los ciudadanos se sientan confusos cuando van al contenedor y animar con incentivos», ha añadido.
El turno ha sido entonces para las comunidades autónomas, representadas en Girona por Madrid, Andalucía, Baleares, Valencia Aragón y Cataluña
La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático andaluza, María López, ha señalado que el mensaje sobre la necesidad de reciclar no ha calado suficientemente en las entidades locales, ha abogado por el acompañamiento y ha considerado que «la fiscalidad y el marco jurídico van a ser palancas».
Andalucía ha implementado subvenciones y primará a los ayuntamientos que aporten fondos propios a las inversiones al demostrar su compromiso.
Por Madrid, su directora general de Economía Circular, Cristina Aparicio, ha puesto por delante la «educación» en este asunto, «pero continua, porque tiene que ser una lluvia que vaya calando».
La viabilidad de los modelos a aplicar también la ha considerado clave y ha confiado en que la comparación entre municipios en base a convertir los residuos como el compostaje en un activo puede incentivar el reciclaje.
El director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire, se ha decantado abiertamente por el puerta a puerta como el sistema que arroja mejores resultados.
En esa línea, ha destacado que, ahora, es «el turno de las ciudades», después de su implementación en municipios pequeños y medianos, aunque se tienen en cuenta modelos mixtos como los contenedores inteligentes.
Peraire ha reivindicado las «herramientas fiscales», que se imponga «cierta tensión» a la ciudadanía y que se trate a las personas «como adultas», al igual que a los alcaldes, para dar «pasos fuertes, valientes y rápidos».
De Baleares, su director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastià Samsó, ha defendido también que se premie a quienes mejor reciclan y ha mostrado su desacuerdo con los sistemas de recogida «anónimos».
«Quien contamina, paga», ha señalado, y ha recordado que desde Europa se apuesta por esa vía, mientras que la jefa de servicio de Planificación Ambiental de Aragón, Guadalupe Zárate, ha coincidido en que seleccionar la basura adecuadamente «tiene que ser más barato» en materia de impuestos para el ciudadano.
El director geneal de Calidad y Educación Ambiental de Valencia, Joan Piquer, también se ha mostrado partidario de «fiscalidad y eliminar el anonimato», traducido en «grabar mucho más la fracción de rechazo que la orgánica».
En su Comunidad, se obligará a que «si un municipio en dos años no llega a los objetivos se tenga que replantear de nuevo todo su modelo».
La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha destacado desde la organización del congreso que el Waste in Progress se ha convertido en «referencia en España» después de contar con 1.500 asistentes y se ha mostrado atenta a las «políticas de consenso» que surjan de este encuentro.
