La Haya.- El fotoperiodista Vladimir Encina, ganador regional del World Press Photo en Sudamérica con una foto sobre un desalojo en la comunidad de San Isidro en Colombia, explicó a Efe que la pareja que capturó en su trabajo «vive vagando» y denunció que el gobierno aún no ha designado una nueva ubicación a las familias desalojadas.
En la fotografía aparece Sergio, un joven que está siendo protegido por su esposa Yuli, y detrás, en un segundo plano, otra mujer, la cuñada del hombre, “hace resistencia para que no se lo lleven”. Esta familia, relata Encina, estaba “cocinando el almuerzo entre las ruinas, cuando llegó la policía” para desalojarlos del asentamiento en la zona de Puerto Caldas, Risaralda.
“En ese momento llega el escuadrón con la intención de reprimir porque ya les habían tumbado las casas. Hay una casa que se ve todavía en pie, como de lado, que es una casa que no podían tumbar, pero la policía no lo respetó y entró en la casa. Se ve también una fuerza desmedida porque son más de seis hombres armados y escudados agrediendo a un solo hombre. Una violencia desmedida por parte del Estado al pueblo colombiano”, describe.
El momento capturado en la imagen muestra el arresto de Sergio y la “fuerza de la familia para no dejar que se lo lleven, se ve ese sufrimiento y miedo porque se sabe que muchas de las personas que son arrestadas o violentadas por la fuerza pública no vuelven a aparecer o reaparecen muy golpeadas, y nunca hay una respuesta para ello”, dice Encina.
Los desalojos de residentes del asentamiento de San Isidro comenzaron el 3 de marzo del año pasado antes de la construcción de un ferrocarril que conectaría la capital del distrito de Risaralda con Buenaventura, el principal puerto marítimo del Pacífico de Colombia.
“La responsabilidad de esto viene a tenerla la alcaldía, pero quien construye eso son ferrocarriles de Occidente, y es parte del proyecto de trenes de cercanías. Hasta el puerto de Buenaventura hay ya una carretera de doble calzada, pero el tren acortaría el transporte y haría más rápido el movimiento desde el puerto hasta el centro de país”, explica.
Las autoridades dijeron que el megaproyecto ferroviario traería trabajo e inversión a la zona, y que el terreno no pertenecía oficialmente a las personas desalojadas. Las dificultades económicas durante la pandemia llevaron a muchas familias a vivir en asentamientos informales en Colombia, siendo desalojadas con frecuencia.
En un primer momento, se les “vulnera totalmente el derecho a la vivienda” a los que habitan en estos asentamientos, puesto que “no había ninguna tregua por parte del Estado”, pero, gracias a las protestas y la presión mediática, se exigió al gobierno central “una restauración de los derechos de estas personas” y se les prometió realojamiento e indemnización
El compromiso era un albergue temporal por un periodo de tres meses, con extensión a seis, hasta que se cumpla con la reubicación y construcción de las viviendas para más de 300 personas que conforman más de 60 familias. “Aunque eso se firmó en actas, hoy en día, un año después, todavía no se ha cumplido”, denuncia Encina.
Este desalojo tuvo lugar en pandemia, a pesar de que el gobierno había emitido un decreto en el que se prohíbían los desalojos, tanto estatales como privados, durante la emergencia sanitaria, y “si alguien tenía alquilada una casa y no podía pagar la renta, era ilegal sacarlo, se debía llegar a acuerdos, y precisamente el gobierno local de Pereira incumplió esto”.
“En la fotografía aparecen los antidisturbios con tapabocas y las familias aparecen totalmente descubiertas en ese momento de sufrimiento. Esto también creo que tuvo impacto para que el gobierno local diera una tregua por algún tiempo”, explica Encina.
Yuli, que es quien mantiene contacto con este fotoperiodista, le llama cuando puede porque no tiene teléfono permanente, se encuentra “vagando entre un lugar a otro”, en busca de ingresos para comida, medicamentos y rentas. “Se tuvieron que ir para Cartago, están en una vereda, y Sergio perdió un dedo de la mano cuando arreglaba una motocicleta”, dice.
“Son conscientes también del premio. Yo no fui a hacer una foto para un premio sino para revelar una realidad. Es injusto que jueguen políticamente con estas personas”, subraya.
Este reportero, que ejerce de autónomo y ha crecido en el Valle del Cauca, denuncia la precariedad del trabajo de los fotoperiodistas en Colombia, tanto en lo financiero como en la seguridad, que es un tema “muy complicado cuando hay confrontación porque no hay garantías por más que se tenga un chaleco donde diga ‘prensa’ o un casco”, lamenta.
