San Juan.- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que controla la gestión de las finanzas públicas del Ejecutivo de Puerto Rico, presentó un principio de acuerdo para la deuda de 35.000 millones de dólares que el Gobierno mantiene con un grupo de acreedores que supone el inicio de la ruta para el fin de la quiebra.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero, declaró sentirse confiado en que se alcanzará un acuerdo equilibrado con los acreedores.
«La ruta para reestructurar la deuda ya está trazada y Puerto Rico saldrá de la quiebra», señaló el jefe de la agencia responsable de las finanzas públicas en su cuenta de Twitter.
Las palabras de confianza de Marrero llegan después de que la JSF sometiera el miércoles ante la jueza federal responsable de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, un acuerdo preliminar para la deuda de 35.000 millones de dólares que el Gobierno mantiene con un grupo de acreedores. La Junta tenía hasta el miércoles para someter un nuevo plan de ajuste o un adelanto de este.
La JSF había presentado en febrero de 2020 un plan de ajuste que buscaba reducir la deuda gubernamental a 11.000 millones de dólares. Sin embargo, quedó sin efecto tras la crisis generada por la pandemia de la covid-19.
CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES
La Junta quedó establecida cuando el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos entendieron que Puerto Rico, que durante décadas había sacado adelante sus cuentas públicas emitiendo deuda, iba a ser incapaz de cumplir con sus acreedores, lo que amenazaba con litigios judiciales de consecuencias impredecibles.
El 30 de junio de 2016, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó para convertir en ley el proyecto conocido por su acrónimo de Promesa en que el Congreso federal trabajó durante meses para rescatar a la isla, sin liquidez para pagar una deuda que llegó a alcanzar los 72.000 millones de dólares.
Finalmente no se sometió este semana un nuevo plan de ajuste y el presidente de la JSF, David Skeel, explicó que se alcanzó un acuerdo inicial con acreedores de bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
Skeel aseguró que lo acordado hasta el momento «es una propuesta realista que abrirá un camino hacia la recuperación de la bancarrota» y que el objetivo del ente fiscal es presentar un acuerdo consensuado que incluya a tantos acreedores como sea posible.
CONTINÚA LA NEGOCIACIÓN
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, detalló que se negocia mientras tanto con otros acreedores.
El ente solicitó a la corte federal una prórroga hasta el 8 de marzo para la entrega del acuerdo, ya que según Jaresko se necesita tiempo adicional para concretar el pacto con el grupo inicial de acreedores y culminar las negociaciones con tenedores de bonos que podrían sumarse al acuerdo.
La jueza Swain emitió una orden para que las partes involucradas en la reestructuración de la deuda más cuantiosa del Gobierno presenten sus argumentos en favor o en contra de la prórroga.
La JSF detalló que el nuevo pacto se basa en principio en los acuerdos alcanzados con el Comité Oficial de Retirados y otros sindicatos, por lo que aún se vislumbra la reducción de 8,5 % en las pensiones de los retirados que devengan más de 1.200 dólares al mes.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró que no apoyará una reestructuración de deuda que contenga recortes o ajustes para los pensionados.
«El Gobierno entiende que los términos económicos del acuerdo en principio alcanzado por la JSF y un grupo de acreedores son factibles. Sin embargo, se les informó que el Ejecutivo de Puerto Rico no apoyará un plan de ajuste que contenga recortes o ajustes a nuestros pensionados», dijo.
La Asamblea Legislativa discute dos medidas presentadas por el senador Juan Zaragoza que habilitarían una política pública de no colaboración si el acuerdo va a en contra de lo establecido por el Gobierno.
El analista Daniel Santamaría expresó que la nueva propuesta de la JSF para el pago de deuda es insostenible porque sus propios datos establecen que, aun si se logran los ahorros proyectados con la implementación de reformas estructurales, Puerto Rico se quedaría sin dinero en efectivo en el año 2029.
